El toldo que cubre la reja de hierro en zigzag, destinado a organizar las filas, ya no es suficiente para resguardar a los inmigrantes venezolanos que llegan a la pequeña ciudad de Pacaraima, en Roraima, con la esperanza de comenzar una nueva vida en Brasil.
Tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro el 28 de julio, seguida de una fuerte ola de represión del régimen, este flujo de venezolanos comienza a crecer. Y quienes llegan con sus pocas pertenencias después de horas de viaje en autobús relatan, cada vez más, una relación directa entre la permanencia del dictador en el poder y la decisión de emigrar.
Las semanas posteriores a las elecciones interrumpieron la media de 300 inmigrantes que llegaban diariamente a Brasil, dando lugar a cifras diarias que se acercan a 600. El pico se registró un lunes: más de 740 cruzaron el 26 de agosto.
Fue ese día cuando la pareja Jeferson Barreto, de 24 años, y Natali Rodríguez, de 25 años, cruzaron con su hija, Cloe, de 1 año. Una semana después, el 2 de septiembre, cuando la periodista llegó al extremo de Pacaraima, aún se encontraban en esa frontera.
El aumento del flujo hizo que los procesos de documentación de los inmigrantes, para la emisión de CPF y la tarjeta SUS, y la vacunación pasaran de un día a al menos cinco.
La demanda escaló y, en algunos momentos, faltaron vacunas. Las vacunas contra fiebre amarilla, triple viral, hepatitis B y Covid, además de la doble adulto (difteria y tétanos), son obligatorias.
“Vinimos por la situación de Venezuela. No hay trabajo y, si consigues uno, es para ganar US$ 20, lo cual no te alcanza para mucho”, dice Jeferson, que salió con su familia de Ciudad Bolívar. “La esperanza era que [Maduro] se fuera, pero no.”
¿Qué sintieron con el anuncio de la reelección? “Desilusión, tristeza…”, responde el padre de Cloe. “Rabia”, dice Natali. “Allí se violan los derechos humanos y nadie dice nada. Si dices algo, te meten preso también.”
Un tío de 49 años de Jeferson fue arrestado tras salir de casa a comprar cigarrillos cuando se anunciaron los resultados oficiales de las elecciones y comenzaron las protestas en el país. “Estaba abriendo la puerta de su casa y lo arrestaron alegando que estaba protestando. Lo acusaron de terrorismo. Mi familia ni siquiera pudo hablar con él”, dice el sobrino.
Previendo la posibilidad de un aumento en el flujo migratorio, la Operación Acogida, un equipo conjunto del gobierno y la ONU que desde 2018 gestiona los albergues públicos que reciben a estos recién llegados, está reactivando el centro 13 de Septiembre, antes cerrado, y ampliando su capacidad de 200 a 500 plazas, de acuerdo con militares a la periodista en Boa Vista.
Actualmente, la operación acoge a 6.200 inmigrantes en seis de sus albergues, dos de los cuales están destinados a indígenas. La capacidad es de 8.000.
Agosto es un mes en el que tradicionalmente crece este flujo migratorio, que prácticamente nunca cesó desde la crisis de desabastecimiento en los años 2017 y 2018. Son las esperadas vacaciones escolares en Venezuela, que permiten a miles de padres emigrar con sus hijos pequeños sin sacarlos de la escuela por mucho tiempo.
Sentada en el borde de la acera junto a sus hijos Joseph, de 8 años, y Leanne, de 3 años, con sus mochilas estampadas con personajes de dibujos animados, Loanny Cardiero, de 35 años, cuida de los niños mientras su esposo guarda un turno en la fila. “Todo está lento, hay mucha gente.”
¿Por qué vinieron ahora? “Estábamos esperando y apostando por un cambio… Votamos. Pero nos robaron el voto. No es que hayamos perdido: nos lo robaron”, dice ella, quien votó al opositor Edmundo González, ahora en la mira de la justicia venezolana.
“A veces, los propios vecinos denunciaban a otros, decían que habían ido a las marchas de la oposición, que eran ‘guarimberos'”, continúa, utilizando el término con el que el régimen se refiere a los opositores. “Nos tratan como enemigos y nos hostigan.”
“Pensamos: seguimos aguantando. Pero no podemos seguir luchando y ‘medio’ sobreviviendo. Nosotros somos adultos, pero no podemos ponerlos [a nuestros hijos] en esta situación.” La hija menor de Loanny tiene epilepsia. El primogénito tiene un soplo en el corazón. Para esta familia, Brasil también es un destino en busca de acceso al sistema de salud.
Todos notan el aumento del flujo y no sorprendió a casi nadie. El “tiktoker de Pacaraima”, José Rafael García Figueroa, recibe cada vez más preguntas en las redes sociales: “amigo, ¿qué documentos tengo que llevar?”, “¿cómo está la fila de espera?”.
Este exmilitar que desertó de las Fuerzas Armadas venezolanas e emigró a Brasil hace siete años graba todos los días videos amateur de la situación en la frontera y los publica en TikTok. En poco más de dos meses, ha reunido más de 23.000 seguidores. Sirve como punto de información informal para tantas personas que pronto quieren residir en Brasil.
A pocos metros de allí, en una carpa que cubre una simple mesa de plástico con cuatro sillas, dos empleados de la Cruz Roja ofrecen llamadas telefónicas para que los inmigrantes contacten a sus familias. Son venezolanos que ahora trabajan para la organización.
Muchos llaman para avisar que llegaron. Para preguntar si los familiares que se quedaron recibieron ese mes la bolsa CLAP, con alimentos donados por el régimen. Para pedir que les envíen algo de dinero mientras se asientan en sus primeros días en Brasil.
El 29 de julio, un día después de la reelección de Maduro, el tema de las llamadas era otro. ¿Quién ganó?, preguntaban por teléfono, sin acceso a internet o televisores. Uno de los presentes dice que el desaliento se apoderó de la frontera y del albergue que está justo al lado.
Los venezolanos suelen ser un pueblo animado, comenta, pero no aquel día.
La intensificación de este flujo ocurre justamente en un momento de desafíos para la política de interiorización, mediante la cual el gobierno lleva a familias venezolanas a otros estados del país, muchas veces con empleos ya acordados a través de asociaciones con empresas.
Los principales estados de destino de la interiorización eran los del sur de Brasil, precisamente los afectados por las inundaciones que en abril provocaron una tragedia humana y ambiental. Los inmigrantes que residían allí se vieron afectados, y la interiorización también se desaceleró.
Para algunos de los que llegan, el alivio es tener ya un lugar de destino: reunirse con sus familiares que, en años anteriores, en el apogeo de la crisis económica, dejaron el país rumbo a Brasil.
Pedro Zamora, de 68 años, había pasado la noche en la fila de inmigración esperando ser atendido. Quiere ir a Río de Janeiro a vivir con sus hijos. Pensionista, recibe mensualmente 149 bolívares (algo más de US$ 4) y el llamado “bono de guerra” del régimen, hoy de US$ 130. “Es miserable. La mayoría estaba esperando a ver qué ocurría en el país.”
“Ahora todo es pura tensión. La gente está nerviosa, dispuesta a partir si las cosas siguen así. La situación política incide en la económica. Nadie va a invertir en Venezuela si no hay seguridad jurídica. Así como está, no se puede.”
Como tantos otros ancianos venezolanos, Pedro ve la fragmentación de su familia. “Estamos repartidos”, cuenta él, quien también tiene una hija y nietos en Colombia. ¿Y deja a alguien en Venezuela? “A una compañera. Traerla es todo lo que quiero”, dice, emocionado. “Perdón, no soy así, pero tus perguntas me dieron sentimientos.”